FALLOS:

FALLO CIVIL Expte 34133-2015

SUMARIO – CIVIL

Fallo hace lugar al pedido de fijación de canon locativo respecto de un inmueble en donde habita la ex cónyuge e hija menor de edad del accionante. Canon locativo. Determinación. Hija menor de edad. Demanda promovida por el ex cónyuge por fijación de canon locativo, respecto de un inmueble en un barrio privado, en el que habitan la accionada y la hija menor en común. Procedencia. Cotitularidad entre las partes. Ausencia de definición judicial sobre atribución gratuita de la vivienda familiar. Inexistencia de sentencia de alimentos que disponga que el costo de la ocupación de madre e hija es un aporte debido por el padre. Se modifica la sentencia que hizo lugar a la demanda, en cuanto a la proporción del canon locativo.

FALLO CIVIL Expte 34133-2015
 
 

FAMILIA FALLO Expte. Nº 58860

CORONAVIRUS: Adelantándose a la nueva Decisión Administrativa 703-2020 sobre traslado de los niños a la casa del otro progenitor, la Dra. Sandra Veloso resolvió que una niña, que desde que comenzó la cuarentena estaba en la casa de su padre, pueda trasladarse y cumplir ahora el aislamiento en la casa de su madre. Se consideró especialmente el tiempo transcurrido y la necesidad de la pequeña de tener contacto con su mamá, lo que redunda en su interés superior y respeta los principios de razonabilidad, solidaridad y buena fe.

FAMILIA FALLO Expte. Nº 58860
 
 

FALLO PENAL C.A.G.P SALA III – S.I. C.Nº-32544-2020

SUMARIO- PENAL-

Morigeración de detención Fuero Penal Juvenil- Traslado a las partes de la totalidad de informes conductuales, propio del juicio adversarial contradictorio significa que los principales contendientes –fiscal y defensa- tengan la misma oportunidad de conocer y comentar las observaciones documentadas y evidencias aducidas por la otra parte – Idoneidad de informes ambientales remotos, necesidad de que la presencia de los peritos en los domicilios de los encausados-

 
FALLO PENAL C.A.G.P SALA III – S.I. C.Nº-32544-2020

FALLO Expte SF-21200

SUMARIO: El juzgado de Paz Letrado de San Fernando resolvió en los autos “MJM S/ APELACION FALTA MUNICIPAL – LEY 13.927 – CODIGO DE TRANSITO” (Expte. Nº: SF-21200), revocar la sentencia del Juzgado Administrativo de Faltas de la Municipalidad de San Fernando que condenó por la conducción de un vehículo bajo estado de intoxicación alcohólica y absolver al recurrente al entender que el acta de infracción sobre la que se erigió la pretensión punitiva era nula de nulidad absoluta por carecer de elementos esenciales –vgr. Firma del agente-. También consideró que el municipio no pudo acompañar el certificado de calibración y buen funcionamiento del equipo alcoholímetro.

 

VOCES: Apelación de faltas de tránsito. Derecho administrativo sancionador. Garantías constitucionales y aplicación extrapenal. Elementos del acta infraccional. Efectos de la declaración de nulidad.

FALLO Expte SF-21200
 
 

FALLO FAMILIA Expte N° SI 77480-2020

Sumario: Coronavirus. Rechazo de inconstitucionalidad interpuesta contra decisión administrativa del ministerio de desarrollo social (703/2020 por improcedente atento la existencia de delegación del presidente de la nación (dnu 297/2020 art. 6 último párrafo y prórrogas nº 459/2020 vigente y arts. 99 inc. 3, 86 y 100 inc. 4 constitución nacional. Fijación de régimen ante conformidad parcial de las partes, con medidas de higiene estrictas y garantía de actividades escolares, régimen amplio de comunicación virtual en los días en que no están con el progenitor. Protocolo de higiene, traslados, convivencia, obligaciones relacionadas con las actividades educativas de los hijos. Juzgado De Familia Nro. 5 San Isidro. Dra. Marcela Silvia Rama.

FALLO FAMILIA Expte N° SI 77480-2020

FALLO CAUSA SM- 2-7325-2018

SUMARIO: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín – CAUSA SM- 2-7325-2018 “Mercado libre”, sentencia de fecha 3/12/19 – E-COMMERCE / AVISO CLASIFICADO – HOSTING DE DATOS

FALLO CAUSA SM- 2-7325-2018
 
 

FALLO Expte SI-30917-2017

SUMARIO: Habilitación de asueto para cuestiones sustanciales que requieren urgente determinación. Autorización permanencia en el hogar de uno de sus progenitores. Situación emergencia COVID 19.

FALLO Expte SI-30917-2017
 
 

FALLO BARLOVENTO

SUMARIO: El juzgado de Paz Letrado de San Fernando resolvió en los autos “MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO C/ ASOCIACION CIVIL CLUB DE VELEROS BARLOVENTO S/ APREMIO” (Expte. Nº: 5569-C), rechazar las excepciones de pago y litispendencia pero hacer lugar a la de inhabilidad de título por inexigibilidad manifiesta de deuda. Entendió que sobre la deuda contenida en el certificado de deuda gravitaba una medida precautelar dictada por la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín que prohibía innovar, lo que obstaba al progreso de la acción.

VOCES: Apremio. Tributos municipales. Excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad manifiesta de deuda. Elementos del título de deuda.

FALLO BARLOVENTO
 
 

FALLO – RESPONSABILIDAD NOTICIAS

SUMARIO: RESPONSABILIDAD POR NOTICIAS INEXACTAS: En el caso de autos se debatió la responsabilidad de los codemandados por la publicación en distintos medios de una noticia que tuvo por protagonista al actor, en el marco de un operativo de secuestro de estupefacientes en el que había sido detenido únicamente por averiguación de antecedentes y había quedado desafectado del procedimiento penal que sí se le siguió a la persona que lo acompañaba en aquél momento, la que finalmente fue sobreseída en instancia judicial.

El accionante, sobre la falsedad y/o inexactitud que sostuvo respecto de las mentadas publicaciones, efectuó su reclamo resarcitorio por daño psicológico y moral, el que fue parcialmente admitido –en cuanto a los sujetos condenados y al rubro y monto reconocidos- por el a quo.

La CCASM consideró que, el análisis realizado por el magistrado de primera instancia resultó insuficiente, ya que omitió examinar –tras descartar la aplicación de la doctrina “Campillay”- si el caso encuadraba en los estándares de la doctrina de la “real malicia”, lo que provocó que arribara a una solución que entendió inadecuada, injusta y contraria a derecho. En razón de ello, hizo lugar al recurso de apelación articulado por el codemandado “E N C”, revocando la sentencia de primera instancia y rechazando, en consecuencia, la demanda promovida por el actor a su respecto.

FALLO – RESPONSABILIDAD NOTICIAS

FALLO CACC SALA I SAN ISIDRO EXP 21519-2015

SUMARIO
Base Regulatoria en Incidente de Verificación Tardía. Diferencia entre monto pretendido y reconocido. Interpretación artículo 287 LCQ.
CACC, San Isidro, Sala I, “Fisco Nacional Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP c/ Sargento Cabral S.A. de Transporte s/ Concurso Preventivo”, (Expte. n° 21.519/2015).
Sumario:
El Juzgado Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de un incidente de verificación tardía, aplicando el artículo 287 del ordenamiento concursal, fijó la base regulatoria en la suma de $ 65.854.444,66. Dicho monto surge de la diferencia entre el crédito insinuado por el Fisco Nacional ($ 69.322.106,45) y el importe finalmente verificado ($ 3.467.661,90).
La Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial de San Isidro, efectuando un pormenorizado análisis del texto de la norma y de la jurisprudencia imperante en la materia, confirmó la resolución de primera instancia, argumentando que: “Se debe hallar una línea de interpretación que permita tomar en cuenta ambos términos contenidos en la ley. Y en tal sentido es necesario hallar una relación entre “insinuado” y “verificado” sin excluir a ninguno, dándole a cada uno igual rango. Para ello el único camino que se advierte es relacionarlos; de ahí la conjunción “y”, pero hacerlo de manera que la norma resulte apta cualquiera sea la suerte del incidente. Sobre esa base se advierte que la solución comprensiva del texto legal, que interpreta sin mutilar lo escrito, es que la base sea la diferencia entre lo insinuado y lo verificado, pues no se advierte otra relación posible entre ambos conceptos. Desde otra perspectiva ello determina una base proporcional al éxito obtenido por ambas partes.”
“debe tomarse la relación entre el valor pretendido y el obtenido; y esa relación la encuentro en la diferencia entre uno y otro. Se trata de una solución prevista de un modo especial por el ordenamiento concursal, apartándose de lo que ocurre en las normas arancelarias locales que toman el monto reclamado. Este pensamiento es coincidente con el de la minoría en el segundo pronunciamiento de la CSJN en la causa “Romero”; pero como se ha visto y paradojalmente tampoco resulta del todo alejado de lo decidido por la circunstancial mayoría, como lo observó Kemelmajer, en el sentido que también en aquella está presente la idea de tener en cuenta ambos conceptos para determinar lo que está en juego en un incidente concursal.
En definitiva, si se gana el incidente en su totalidad, el tema no presenta problema alguno pues allí existe coincidencia. Si todo se pierde tampoco, porque si el monto pretendido es 10 y el verificado 0, la diferencia será 10, pues nada hay que deducir de lo pretendido; se rechazó por el todo. Cuando se han reclamado 10 y se reconocen 4, el éxito para el concurso no son los 10 que se reclamaron sino la diferencia entre lo pretendido y lo reclamado; el concurso se ha beneficiado con 6; ese es el logro de los letrados del concurso o del incidentista que cuestiona el crédito, haber evitado que esos 6 ingresaran indebidamente al pasivo.
Por todo lo dicho y tal como lo he adelantado, modificando el criterio votado en causas n° 101.154, “Frisar S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión (AFIP)”, sent. del 18-09-2007; y “Badessich, Andrés Juan s/Concurso preventivo s/ Incidente de revisión” (sent. del 19-11-2015), concluyo y así lo propongo al Acuerdo, que se tome como base para la regulación de los honorarios profesionales la diferencia entre el monto pretendido y el reconocido por la sentencia verificatoria, tal como lo decidió la Magistrada en el fallo apelado.”

FALLO CACC SALA I SAN ISIDRO EXP 21519-2015
 
 

FALLO 31962 B.M.E. PIL Agravada

SUMARIO
CAUSA 31962/III “B, M.E S/SENTENCIA CORRECCIONAL

VOTO DEL JUEZ CARLOS FABIÁN BLANCO
A modo de introito, no puede soslayarse que los protagonistas del presente caso (B – MC) han sido pareja y su relación se encontraría, a la luz de lo expuesto tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el magistrado interviniente, atravesada por una conflictividad actualmente denominada violencia de género.
Según las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de violencia física o psíquica. (Capítulo I Sección 2da apartado 8.17); en este mismo sentido la define la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” (arts. 1 y 2). A su vez, la Ley de Protección Integral de las Mujeres (26.485) -a la cual la provincia de Buenos Aires adhiriera mediante Ley Provincial 14.407- consigna como violencia doméstica contra las mujeres la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde éste ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres, entendiéndose por grupo familiar -en lo que aquí interesa- el originado por parejas o noviazgos, incluyendo las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia (art. 6 “a”).
Cabe advertir también que, en estos casos, corresponde a los jueces seguir el principio de amplitud probatoria consagrado en los arts. 16 y 31 de la Ley 26.485 (en este sentido, Dictamen del Procurador General de la Nación en c/n “R, C E s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 63.006” al que se remitió el Máximo Tribunal Nacional en CSJ 733/2018/CS1).

V0T0 DEL JUEZ GUSTAVO ADRIÁN HERBEL (al que adhiere la JUEZA CELIA MARGARITA VAZQUEZ)

Así, se ha sostenido que valorar con perspectiva de género, en la mejor de las interpretaciones, es valorar bien, pues todos los casos -estén o no implicadas cuestiones de género- deben ser valorados sin sesgos ni prejuicios de ningún tipo (cfr. FERRER BELTRAN, Jordi “La paradoja de la valoración probatoria con perspectiva de género” participación en “Jornadas sobre Razonamiento Probatorio y perspectiva de género” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SlsoI3WQLy4, mins 26:07-26:26, accedido el 01/06/20), o que independientemente del tipo de delito o la clase de víctima, la versión racionalista de todo sistema probatorio exige la corroboración del testimonio de aquella, sin que los aportes de la perspectiva de género incrementen su peso probatorio ni rebajen el estándar probatorio (cfr RAMIREZ ORTIZ, José Luis “El testimonio único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género”, disponible en: https://revistes.udg.edu/quaestio-facti/article/view/22288, accedido el 01/06/20, pp. 224/225 y 243).
La Convención de Belém do Pará, no promueve un estándar de prueba diferenciado sino que establece el deber de los Estados de llevar adelante investigaciones con la debida diligencia, lo que es diferente a relajar los estándares para alcanzar sentencias de condena, no resultando evidente que ello sea una buena estrategia para revertir la discriminación de género (Cfr. DI CORLETO, Julieta Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género en A.A.V.V. “Género y Justicia Penal”, Buenos Aires, Editorial Didot, 2017).
En rigor, la correcta interpretación de una valoración probatoria con perspectiva de género, reside, por un lado, en la acabada investigación del caso, utilizando los instrumentos disponibles para las especiales características de hechos acaecidos en contextos de violencia de género o por la vulnerabilidad de la víctima mujer. En otras palabras, no hipervalorar prueba insuficiente para la condena, sino investigar el caso con instrumentos idóneos (pericias psicológicas, indagación del contexto, etc.); el trabajo probatorio en los casos de género debe ser una mejor investigación y no un descenso del estándar probatorio.

 
FALLO 31962 B.M.E. PIL Agravada
 
 

FALLO CACC SALA I SAN ISIDRO EXP 45203

 

SUMARIO:

Sociedad Concursada, intervenida en Sede Penal. Legitimación del Interventor Judicial en el proceso concursal.

 
FALLO CACC SALA I SAN ISIDRO EXP 45203
 
 

FALLO Expte. Nº TG-7391-2019

 

SUMARIO:

CORONAVIRUS. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. Tutela judicial efectiva en contexto de pandemia. EVALUACION Y ENTREVISTA PERSONAL REALIZADAS EN FORMA TELEMÁTICA. Arts. 32, 43 y ccs. del CCyC. Arts. 1, 2, 3 y ccs. de la ley 26657. Artículos 625 y 627 del CPCC. Reglas de Brasilia de Acceso a Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad. Art. 706 inc. a) del CCyC. Sistema de apoyos. Enfoque interdisciplinario. SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN PROMOVIDA, A LOS FINES DE DETERMINAR LA CAPACIDAD JURÍDICA.

 
FALLO Expte. Nº TG-7391-2019
 
 

FALLO Sentencia interlocutoria de la Sala III CCC rechaza pedido de suspensión de concurso.

 

SUMARIO:

Sentencia interlocutoria de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro del 17-06-2020, en autos caratulados “Lever Arch S.A s/ Concurso Preventivo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2.
Hechos: En el marco de un concurso preventivo, la sociedad deudora solicita el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se ordene suspender el trámite del proceso principal, hasta tanto se dicte sentencia en el incidente de revisión por ella articulado respecto del crédito declarado admisible a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la oportunidad del art. 36 de la LCyQ.
En sustento de su petición argumenta que: 1) el crédito del organismo fiscal representaba gran parte del capital con privilegio general y quirografarios (más del 98%); 2) que la resolución que habrá de recaer en el incidente de revisión tiene una importante incidencia sobre la propuesta que la deudora pueda realizar al resto de la masa de acreedores; 3) que el acreedor carece de la posibilidad de negociación y la adhesión al plan de pagos según la Res General 3587/2014 y la cancelación de las cuotas luego de homologado el concurso, pueden ocasionar un perjuicio a la concursada ante la incertidumbre del incidente de revisión.
Sentencia interlocutoria de primera instancia.
El juez de grado rechazó el pedido de suspensión en base a los siguientes fundamentos: 1) los plazos del proceso concursal son perentorios; 2) la suspensión solicitada no se encuentra prevista en la Ley de Concursos y Quiebras; 3) a los fines del régimen de mayorías, la sentencia verificatoria del art. 36 de LCyQ, es definitiva para el cómputo y la base del acuerdo; 4) y por último, la falta de impulso procesal en el incidente de revisión por parte de quien tiene la carga de impulsarlo (la sociedad concursada).
Sentencia interlocutoria de segunda instancia.
La Sala III de la Excmá Cámara Civil y Comercial Departamental, confirmó la decisión de la instancia de origen. No obstante ello, señalo obiter dictum que la situación producida por la emergencia sanitaria de público conocimiento e invocada por la concursada en el memorial de la resolución en crisis, en cuanto a la imposibilidad del deudor de realizar gestiones ante la AFIP y obtener las conformidades con firmas certificadas de los restantes acreedores, podría dar lugar a una prórroga del período de exclusividad ante el juzgado de trámite.

 
FALLO Sentencia interlocutoria de la Sala III CCC
 
 

FALLO TF1 ACCION COMPENSACIÓN ECONÓMICA

 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA:


1) MEDIDA CAUTELAR: Ante la entrada en vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus posteriores prórrogas, se procedió a la habilitación del asueto judicial. Se ordenó notificar la demanda y cautelar requerida al domicilio electrónico que el demandado constituyó con su letrada en los autos conexos sobre Protección contra la Violencia y Alimentos. En base al principio de igualdad, tutela judicial efectiva, flexibilización de las formas procesales, solidaridad familiar y a fin de brindar una solución ante la posible desigualdad de género plasmada en la causa se estableció una prestación asistencial – alimentaria – posterior al divorcio a favor de la mujer a cargo de manera exclusiva de la hija para llevar adelante sus actividades de la vida diaria Quantum que deberá abonbarse sin perjuicio de lo que deba aplicarse si en los autos se arribara a otro acuerdo con anterioridad al plazo estipulado.
2) SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECHAZANDO LA NULIDAD ARTICULADA: Interlocutoriorio que rechaza el pedido de nulidad de la notificación de la demanda y cautelar dictada al domicilio constituido por el demandado en la causa conexa de Protección contra la violencia y Alimentos alegando la vulneración del principio de defensa en juicio. Rechazo del pedido de nulidad por cuanto la alegación genérica e indeterminada de que “el agravio fundamental de la sentencia lo constituye no haber podido contestar la demanda”, sin indicar, mencionar o siquiera insinuar las defensas que no pudo articular por la notificación fallida, prescindiéndose de remarcar el perjuicio sufrido y el interés subsanable (art.172 C.P.C.C.BA) torna improcedente la pretensión de nulidad de la notificación de la demanda.

1) Z F D C/ D A S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA”

 
FALLO TF1 ACCION COMPENSACIÓN ECONÓMICA